Impuesto sobre el patrimonio en Cataluña

El Gobierno eliminó el tributo en el 2008 y compensó a las Comunidades por los recursos que dejaban de recaudar.

El Impuesto sobre el patrimonio es un impuesto estatal, pero cedido a las Comunidades Autónomas, que tienen una capacidad normativa que les permite, por ejemplo, bonificarlo al 100% o fijar mínimos exentos.

El Ejecutivo estatal decidió recuperar el Impuesto sobre el Patrimonio en 2011. En principio, se trataba de algo con carácter temporal, aunque desde entonces se ha mantenido.

¿Quién tiene que pagar el Impuesto sobre el Patrimonio en Cataluña?

Los opositores de este impuesto defienden que impacta sobre la clase media. Pero los datos no respaldan esta teoría. Este impuesto solo afecta a grandes fortunas. Lo pagan unas 80.000 personas.

Según la Agencia Tributaria, en 2020, este impuesto afectaba en Cataluña a un total de 82.465 personas, que sumaban un patrimonio conjunto de 221.787 millones de euros, lo que equivale a una media de 2,69 millones por individuo.

La realidad es que, finalmente, solo tuvieron que liquidarlo 80.155 contribuyentes, que pagaron una media de 6.819 €. La Generalitat obtuvo una recaudación de 546,6 millones de euros por un impuesto que abona poco más del 1% de la población catalana.

Se trata de un impuesto que afecta a la clase alta. Lo pagan personas que tienen unos determinados recursos.

En Cataluña, el mínimo exento es de 500.000 €, a partir de ahí, la tarifa es progresiva, desde un tipo del 0,21% hasta un máximo del 2,75% cuando la fortuna se sitúa por encima de los 10,7 millones. A la hora de la verdad, la cuota a liquidar baja casi siempre gracias a los beneficios fiscales.

Beneficios fiscales del Impuesto sobre el patrimonio en Cataluña

El Impuesto sobre el patrimonio cuenta con varios beneficios fiscales, es decir, de exenciones y bonificaciones. En la práctica, permite a muchas personas ahorrarse legalmente su pago o acabar abonando una cifra mucho más baja de la que teóricamente les correspondería.

Según la Memoria de Beneficios Fiscales de los presupuestos de 2022 de la Generalitat, el volumen de los beneficios fiscales previstos para este año en el Impuesto sobre el patrimonio en Cataluña ascienden a 2.107 millones, fundamentalmente gracias a las exenciones (1.646,7) y a las deducciones de cuota (459,9).

El grueso de los beneficios fiscales son fruto de la aplicación de la normativa estatal que, entre otros, deja exentos de tributación la vivienda habitual, los bienes y derechos afectos a actividades empresariales y profesionales y las acciones y participaciones en el capital de empresas familiares.

Justamente, más de la mitad de los beneficios fiscales (1.412,9 millones) corresponden a “acciones y participaciones exentas no negociadas en mercados organizados”, una medida teóricamente planteada para favorecer a las empresas familiares que, en muchos casos, no cotizan en los mercados bursátiles.

Según los datos de Hacienda, en 2020 la recaudación total del impuesto de patrimonio en el Estado ascendió a 1.203 millones, después de que el tributo lo abonaran 189.613 personas. Por tanto, el 45,4% de lo que se obtenía corresponde a Cataluña, un volumen que se acercará al 50% a raíz de la supresión práctica, vía bonificación del 100%, del impuesto en Andalucía.

Según la normativa estatal, el mínimo exento del impuesto de patrimonio es de 700.000 €. Las autonomías pueden bonificar el tributo para que no se pague o reducir ese mínimo. Es lo que ha hecho Cataluña, donde el mínimo exento es de 500.000 €. El mismo importe que en Valencia y Extremadura. En Aragón se sitúa en 400.000 €.

Escenario actual en Cataluña

El conseller de Economía, ha comentado que solo un modelo de financiación justo permitiría plantear una reforma del Impuesto de patrimonio en Cataluña.

Los Comuns defienden el tributo por su cierta capacidad de redistribución y por una cuestión de justicia social.

Entre los sectores que quieren su eliminación se encuentra la patronal Foment del Treball y partidos como el PDeCAT o el PP.

Pese a toda la polémica, el presidente del Govern, ha dejado claro que la Generalitat no se plantea suprimirlo y ha defendido que es un tributo que contribuye a financiar servicios públicos y que apenas lo paga el 1% de los catalanes.

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Neus Camós

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